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Por Denisse Torrico
5 de febrero de 2025. Lectura de: 2 min.
La reciente instalación de rejas entre las playas Sombrillas y Agua Dulce, en el distrito de Barranco, ha encendido el debate sobre el derecho al libre acceso a los espacios públicos y las medidas de seguridad adoptadas por las autoridades locales. La Municipalidad de Barranco ha defendido la medida argumentando que busca garantizar el orden y la protección de los ciudadanos, pero organismos como la Defensoría del Pueblo han solicitado un sustento técnico y legal para justificar esta decisión.
De acuerdo con la Dra. Elena Vera, abogada civilista del estudio Ugaz Zegarra, la Constitución Política del Perú, en su artículo 2, inciso 11, establece que el derecho al libre tránsito es fundamental y abarca la facultad de los ciudadanos de ingresar, salir y desplazarse por el territorio nacional, incluyendo los espacios públicos como las playas. En esta línea, la Ley N° 26856 estipula que las playas son bienes de uso público y su acceso debe ser libre, salvo en casos excepcionales.
¿Seguridad o restricción injustificada?
La Municipalidad de Barranco sostiene que la instalación de rejas responde a motivos de seguridad y orden. No obstante, la Dra. Vera advierte que cualquier restricción a un derecho fundamental debe estar debidamente justificada y ser proporcional al objetivo que busca. «El Tribunal Constitucional ha sido claro al establecer que las playas son bienes de uso público y su acceso no puede ser restringido arbitrariamente», señaló para Stakeholders.
Según la especialista, los casos en los que una municipalidad podría limitar temporalmente el acceso a una playa incluyen emergencias sanitarias, desastres naturales o situaciones que pongan en peligro la seguridad de los ciudadanos, como oleajes anómalos o riesgo de contaminación. Sin embargo, añade que «para que una restricción como la de Barranco sea legalmente válida, debe contar con informes técnicos y legales que sustenten su necesidad y proporcionalidad».
¿Segmentación social en el acceso a las playas?
Algunas voces críticas han sugerido que la medida podría responder a una intención de segmentar el acceso a las playas según criterios socioeconómicos. La Dra. Vera sostiene que «para que exista un argumento de discriminación, se tendría que demostrar que la medida afecta desproporcionadamente a ciertos sectores de la población y que no existe una justificación razonable para su implementación».
Para conciliar la seguridad con el libre acceso a las playas, la especialista sugiere medidas alternativas como la instalación de cámaras de vigilancia, mayor presencia policial y municipal, y campañas de concientización. «Las restricciones deben ser justificadas, proporcionales y temporales; de lo contrario, se estaría vulnerando el derecho de los ciudadanos al disfrute de los espacios públicos», concluye.
A medida que el debate continúa, se espera una respuesta oficial por parte de la Municipalidad de Barranco que esclarezca la base legal de la medida y garantice el respeto al derecho de acceso a los espacios públicos.
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