Estudio Ugaz Zegarra
Cargando
Estudio Ugaz Zegarra Estudio Ugaz Zegarra

Compliance Tributario y Responsabilidad Penal de las Empresas en el Perú

Escrito por: Jonathan Correa Lunes, 16 de Noviembre del 2026

Coautoría: Ariana Jarlett Cornejo Sánchez


El cumplimiento tributario debe permitir conocer cómo se autorizan y respaldan las operaciones declaradas ante la SUNAT. Presentar declaraciones oportunamente resulta insuficiente si la organización admite proveedores ficticios o documentación adulterada. La incorporación de delitos tributarios al régimen de responsabilidad de las personas jurídicas y las reformas de 2025 y 2026 refuerzan la importancia de integrar la gestión fiscal con la prevención penal. La tesis de este artículo es que un modelo de prevención resulta útil cuando interviene en las decisiones reales del negocio, conserva evidencia de sus controles y permite reaccionar frente a irregularidades, sin convertir cualquier discrepancia tributaria en una imputación delictiva (Ley N.° 31740, 2023; Decreto Supremo N.° 002-2025-JUS, 2025; Decreto Legislativo N.° 1716, 2026).

Del reparo tributario a la imputación penal

En primer lugar, un reparo fiscal y un delito tributario responden a presupuestos diferentes. Una controversia sobre el sustento de un gasto puede producir consecuencias tributarias, pero su sola existencia no demuestra una conducta penalmente típica ni la intervención dolosa de un directivo. Esta distinción se aprecia en el artículo 5-A de la Ley Penal Tributaria, modificado en 2026: la norma exige proporcionar información falsa a sabiendas en la inscripción o modificación del RUC, con los efectos de habilitación o autorización previstos en el propio tipo. Por tanto, una inconsistencia registral no puede equipararse automáticamente a ese delito; deben probarse sus elementos específicos (Decreto Legislativo N.° 1716, 2026, art. 3).

Esta precisión tiene consecuencias prácticas. Si una empresa contrata un servicio y posteriormente no consigue reunir todos sus entregables, corresponde reconstruir la operación y evaluar su tratamiento tributario. En cambio, si se advierte que el servicio nunca existió y que determinados responsables organizaron su registro como si hubiese sido ejecutado, la evaluación debe comprender también la posible relevancia penal. El ejemplo muestra que la prevención necesita distinguir entre una deficiencia documental, una controversia interpretativa y una maniobra conscientemente organizada. Confundir estos planos debilita tanto la defensa de la empresa como la identificación de los riesgos que requieren intervención prioritaria.

Las reformas que exigen revisar los controles empresariales

La Ley N.° 31740 amplió el ámbito de la Ley N.° 30424 e incorporó expresamente los delitos de los artículos 1, 2, 4, 5, 5-A, 5-B, 5-C y 5-D del Decreto Legislativo N.° 813. Sin embargo, la responsabilidad de la persona jurídica no deriva de su sola relación con el contribuyente investigado. El artículo 3 exige que el delito se cometa en su nombre o por su cuenta y en su beneficio directo o indirecto, dentro de los supuestos de intervención, autorización o incumplimiento de supervisión que regula. En consecuencia, la investigación debe individualizar el vínculo entre el hecho, las personas intervinientes y la organización; el beneficio empresarial, considerado aisladamente, no reemplaza ese examen (Ley N.° 30424, 2016, arts. 1 y 3, modificados por la Ley N.° 31740, 2023).

Posteriormente, el Decreto Supremo N.° 002-2025-JUS adecuó el reglamento a esta ampliación. Su importancia reside en exigir coherencia entre el perfil de riesgos y el funcionamiento del modelo, además de precisar el compromiso de los órganos de gobierno, la capacitación y la evaluación continua. Aunque el modelo es voluntario en este régimen, su adecuación al riesgo tributario exige revisar compras, facturación, tesorería y registro contable. Un programa concentrado en obsequios o relaciones con funcionarios puede resultar insuficiente si deja sin evaluación las operaciones que generan los créditos, costos o gastos declarados (Decreto Supremo N.° 002-2025-JUS, 2025, arts. 3 y 4).

La actualización de 2026 añade riesgos concretos. El Decreto Legislativo N.° 1716, publicado el 4 de febrero, modificó el artículo 5-A para comprender la información falsa vinculada con la habilitación de emisión electrónica. Asimismo, incorporó el artículo 5-E, referido a la falsificación o adulteración de constancias de depósito del sistema de detracciones para sustentar el traslado de bienes, y a su presentación ante la administración en las condiciones que describe el tipo. Por ello, la matriz de riesgos debe alcanzar también la gestión del RUC y la autenticidad de las constancias utilizadas por logística y tesorería. La digitalización de un documento no garantiza, por sí misma, la veracidad de su contenido (Decreto Legislativo N.° 1716, 2026, arts. 3 y 4).

Además, la comparación de estas reformas permite advertir una cuestión de legalidad: el nuevo artículo 5-E no figura en la enumeración tributaria introducida por la Ley N.° 31740, y el Decreto Legislativo N.° 1716 no modifica ese catálogo. Por tanto, la creación de un delito en la Ley Penal Tributaria no debe presentarse como una ampliación automática de todos los supuestos de responsabilidad de la Ley N.° 30424. Para cada imputación empresarial debe comprobarse la habilitación legal aplicable, sin perjuicio del régimen de consecuencias accesorias al que remite el artículo 1 para delitos no comprendidos en su listado. Desde la prevención, en cambio, resulta razonable controlar también estas conductas: el ámbito de los controles puede ser más amplio que el catálogo de una modalidad de responsabilidad (Ley N.° 31740, 2023, art. 1; Decreto Legislativo N.° 1716, 2026).

La responsabilidad de los directivos y los límites de la eximente

La distribución de funciones dentro de la empresa merece especial atención. Meini Méndez (1999, pp. 907–909) explica que una delegación relevante requiere facultades y recursos efectivos, mientras que en el delegante subsisten deberes de supervisión cuyo alcance depende de la actividad y de las características del delegado. Aplicado al ámbito tributario, este planteamiento permite cuestionar las designaciones puramente formales: encargar la contabilidad a un tercero no resuelve quién autoriza una operación, quién conoce sus condiciones y quién atiende las alertas. A la vez, la posición jerárquica no sustituye la prueba de la contribución individual y de los requisitos del delito imputado.

Por otra parte, disponer de un manual no asegura la exención de responsabilidad. El artículo 12 de la Ley N.° 30424 exige un modelo adoptado e implementado antes del delito, adecuado a la organización y con medidas idóneas para prevenirlo o reducir significativamente su riesgo. La misma disposición excluye esa eximente cuando el delito es cometido por los sujetos allí enumerados con capacidad de control de la persona jurídica; en ese supuesto, contempla únicamente la multa y su posible reducción hasta en un noventa por ciento. Esta limitación impide ofrecer el compliance como una garantía de inmunidad y refuerza la necesidad de controles que también alcancen a quienes toman las decisiones de mayor impacto (Ley N.° 31740, 2023, art. 1, modificación del art. 12).

Asimismo, el informe técnico de la Superintendencia del Mercado de Valores debe valorarse junto con los demás elementos probatorios. Su existencia no sustituye la valoración fiscal o judicial del caso. El punto decisivo será determinar cómo funcionaba el modelo frente al riesgo investigado: si la empresa identificó la exposición, asignó responsables y recursos, ejecutó las verificaciones y corrigió los incumplimientos. Por ello, la documentación del cumplimiento debe permitir reconstruir actuaciones efectivas, y no limitarse a demostrar que existía una política aprobada (Ley N.° 30424, 2016, arts. 18 y 19, conforme a la Ley N.° 31740, 2023).

Controles sobre operaciones reales y decisiones documentadas

La doctrina proporciona un criterio útil para diseñar esa respuesta. Fernández Díaz y Chanjan Documet (2016, pp. 372–373) distinguen los componentes materiales de prevención de los instrumentos que permiten ejecutarlos y resaltan la adaptación del programa a la actividad empresarial. Desde esa perspectiva, se propone que las operaciones tributariamente relevantes puedan reconstruirse desde la necesidad de la contratación hasta su ejecución y pago. En una prestación de servicios, por ejemplo, el expediente debería permitir identificar al proveedor, el encargo, los entregables, la conformidad y la autorización del desembolso. Estos documentos deben contrastarse entre sí: su mera acumulación no demuestra que el servicio existió.

En términos operativos, conviene separar las funciones de selección del proveedor, aprobación del gasto, verificación de la prestación y autorización del pago, con controles proporcionales al tamaño de la empresa. Las alertas requieren responsables y una respuesta registrable: entregables incompatibles con el contrato, cobros ajenos a la operación o constancias que no coinciden con el depósito deben examinarse antes de continuar el procedimiento. En el caso de detracciones, la revisión debe conectar la operación, el depósito y el documento empleado para el traslado. Estas medidas constituyen propuestas de aplicación del enfoque de riesgos, no un listado legal uniforme exigible a toda organización (Decreto Supremo N.° 002-2025-JUS, 2025, art. 3; Decreto Legislativo N.° 1716, 2026, art. 4).

Igualmente, la capacitación debe permitir que compras, contabilidad, tesorería y logística reconozcan riesgos propios de sus funciones. El canal de denuncias necesita una vía de atención que no dependa exclusivamente de la persona cuestionada, y las investigaciones internas deben preservar documentos, delimitar accesos y respetar los derechos de los involucrados. La utilidad del sistema se aprecia cuando una advertencia produce una verificación y una decisión motivada. La exigencia reglamentaria de capacitación diferenciada y monitoreo continuo respalda esta orientación, mientras que la doctrina destaca la protección del denunciante como condición para que la información interna llegue a quienes pueden actuar (Decreto Supremo N.° 002-2025-JUS, 2025, art. 3; Fernández Díaz & Chanjan Documet, 2016, p. 373).

La respuesta temprana y el alcance de la regularización

Finalmente, detectar una irregularidad exige evaluar oportunamente su alcance tributario y penal. El artículo 189 del Código Tributario regula la improcedencia de la acción penal por regularización bajo condiciones específicas: pago íntegro de la deuda o devolución del beneficio indebido, incluyendo tributo, intereses y multas, antes de los hitos de investigación o fiscalización establecidos por la norma. No equivale a la mera presentación de una rectificatoria ni autoriza a sostener que cualquier pago posterior elimina la exposición penal. Su aplicación debe examinarse respecto de la conducta, deuda, tributo, período y momento procesal concretos, sin presumir que comprende indistintamente todos los delitos tributarios (Código Tributario, 2013, art. 189).

El compliance tributario permite gobernar las decisiones fiscales y detectar prácticas que comprometen a la empresa. Su eficacia exige que la dirección respalde controles verificables, permita cuestionar operaciones y atienda las alertas. Las reformas examinadas justifican revisar los programas existentes, especialmente respecto de la facturación electrónica y las detracciones. Esta prevención debe preservar la distinción entre contingencia tributaria y responsabilidad penal: conocer el riesgo permite intervenir oportunamente; sancionar exige acreditar todos los presupuestos legales de la imputación.

Referencias bibliográficas

  • Código Tributario. (2013). Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo N.° 133-2013-EF y modificatorias. Libro cuarto, título II, artículo 189. Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. https://www.sunat.gob.pe/legislacion/codigo/libro4/titulo2.htm
  • Decreto Legislativo N.° 1716. (2026, 4 de febrero). Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N.° 813, Ley Penal Tributaria. Diario Oficial El Peruano. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2483559-8
  • Decreto Supremo N.° 002-2025-JUS. (2025, 25 de febrero). Decreto Supremo que modifica e incorpora artículos al Reglamento de la Ley N.° 30424, aprobado por Decreto Supremo N.° 002-2019-JUS, para adecuarlo a las disposiciones de la Ley N.° 31740. Diario Oficial El Peruano. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2374696-2
  • Fernández Díaz, C. R., & Chanjan Documet, R. H. (2016). La responsabilidad penal de las personas jurídicas: Un estudio comparado entre España y el Perú. Derecho PUCP, (77), 349–379. https://doi.org/10.18800/derechopucp.201602.014
  • Ley N.° 30424. (2016, 21 de abril). Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal [Texto con modificatorias, actualizado a diciembre de 2024]. Superintendencia del Mercado de Valores. https://www.gob.pe/institucion/smv/normas-legales/6426759-30424
  • Ley N.° 31740. (2023, 13 de mayo). Ley que modifica la Ley 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, para fortalecer la normativa anticorrupción referida a las personas jurídicas y promover el buen gobierno corporativo. Diario Oficial El Peruano. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2177547-1
  • Meini Méndez, I. F. (1999). Responsabilidad penal de los órganos de dirección de la empresa por comportamientos omisivos. El deber de garante del empresario frente a los hechos cometidos por sus subordinados. Derecho PUCP, (52), 883–914. https://doi.org/10.18800/derechopucp.199901.039

Te brindamos asesoría legal en todas las áreas