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Cuando el accionista también ocupa la posición de ser Presidente del Directorio. ¿Existe conflicto de intereses? ¿Cuál es el mecanismo a utilizar para proteger el interés social?

Escrito por: Giancarlo Santiago Rodriguez Lunes, 02 de Noviembre del 2026

Existe una tendencia en los últimos años que el accionista mayoritario en la sociedad suele trasladar su actividad a otro órgano y terminar siendo el presidente del directorio. No obstante, es importante recalcar que los accionistas y el directorio tienen funciones y atribuciones significativamente distintas. Por un lado, el accionista es aquella persona con derechos políticos y económicos establecidos que posee diversas alícuotas en proporción al capital social que ha aportado. Ciertamente no es dueño de la sociedad como tal; sin embargo, es dueño de  acciones que representan el capital social de la sociedad. Por otro lado, el directorio tiene un rol orientado a la gestión y administración de la sociedad. Tiene objetivos como evaluar, aprobar y dirigir diversas acciones proyectadas, los presupuestos anuales y los planes anuales de negocio.

Entonces, se evidencia que ambos roles tienen una naturaleza bastante distante de la otra. El objetivo de este artículo será evaluar aquellos conflictos de intereses que resaltan cuando un accionista mayoritario de una sociedad es el presidente del directorio y también analizar las ventajas en el desarrollo e impulso de la sociedad de esta doble atribución.

Esta especie de coincidencia responde, en muchas ocasiones,  a una lógica empresarial que tiene un sentido de que quien ha invertido en una sociedad ciertamente tiene interés en participar en su desarrollo y en las decisiones que determinan su futuro. Sin embargo, ¿qué sucede cuando uno de esos accionistas no solo integra el directorio, sino que además ocupa su presidencia? ¿Puede garantizarse siempre que sus decisiones responderán siempre al interés de la sociedad y no a sus propios intereses económicos?

Este análisis es importante debido a que sobre todo en aquellas sociedades de pequeño accionariado donde las relaciones personales y económicas podrían tener una influencia significativa en la toma de decisiones. En estos escenarios, la línea que separa el interés individual del interés social podría volverse particularmente delgada si se desnaturaliza

Es importante indicar que esta doble atribución no va en contra de nuestro ordenamiento. La Ley General de Sociedades, Ley N.º 26887, reconoce en su artículo 165 que, salvo disposición contraria del estatuto, el directorio elige entre sus miembros a un presidente. La norma no establece una prohibición para que dicha persona tenga, simultáneamente, la condición de accionista. Por tanto, ambas posiciones pueden coexistir legítimamente.

El problema no radica en esa coincidencia, sino en las consecuencias que puede producir cuando los intereses del accionista-presidente dejan de estar alineados con los de la sociedad. Para poner un ejemplo de ello podríamos indicar el caso que podría aparecer cuando una sociedad debe decidir si celebra un contrato con una empresa vinculada a uno de sus principales accionistas, quien, además, preside el directorio. La operación podría resultar económicamente favorable para la sociedad, pero también representar un beneficio particular para quien participa en su aprobación. En ese momento surge una cuestión fundamental: ¿cuál es el mecanismo que podría garantizar que la decisión se adopte considerando exclusivamente las mejores condiciones para la empresa?

Ante esto se tiene el artículo 180 de la LGS establece expresamente que los directores no pueden adoptar acuerdos que no cautelen el interés social y que favorezcan sus propios intereses o los de terceros relacionados. Asimismo, dispone que aquel director que tenga un interés contrario al de la sociedad debe manifestarlo y abstenerse de participar en la deliberación y resolución del asunto correspondiente.

En ese sentido, puede sostenerse que el ordenamiento peruano ya contempla una respuesta para este tipo de situaciones. Sin embargo, cuando le damos una lectura e interpretación más detenida se puede advertir que la regulación se concentra en la conducta del director frente a un conflicto concreto, pero no desarrolla con suficiente detalle los mecanismos institucionales que deberían prevenir, identificar y administrar los conflictos que pueden surgir por su posición dentro de la estructura societaria.

Entonces porque la doble condición de accionista y presidente del directorio puede generar una tensión especialmente delicada. Se evidencia que es porque  como accionista, una persona puede buscar legítimamente maximizar el rendimiento de su inversión, proteger su participación o defender determinadas decisiones empresariales. Como director, en cambio, debe actuar con diligencia y lealtad, cautelando el interés social.

El artículo 173 de la LGS ofrece una pauta relevante: los directores elegidos por un grupo o clase de accionistas tienen los mismos deberes que los demás directores y su actuación no puede limitarse a defender los intereses de quienes los eligieron. Esto demuestra que el cargo de director no constituye una extensión de los intereses particulares de los accionistas que facilitaron su designación.

No obstante, también es preciso indicar que el presidente del directorio no debería entender su posición como una oportunidad para trasladar sus preferencias individuales a las decisiones de la sociedad. Su deber de lealtad exige reconocer que, una vez asumido el cargo, sus decisiones deben responder al interés social y no exclusivamente a los intereses derivados de su participación accionarial.

Ahora bien, es sabido que en muchas ocasiones en el mundo real no se acata ese deber de lealtad y es ahí donde aparece el  verdadero riesgo cuando esta distinción se pierde. Una sociedad puede terminar adoptando decisiones que, aunque formalmente hayan sido aprobadas por el directorio, respondan en realidad a la conveniencia de quienes concentran el poder dentro de ella.

En consecuencia, no es una solución lógica la prohibición definitiva de que los accionistas presidan el directorio. Una restricción de esa naturaleza podría resultar excesiva y desconocer la libertad de organización de las sociedades. Lo que corresponde es fortalecer los mecanismos que permitan administrar adecuadamente los conflictos de intereses, especialmente cuando involucran a quienes ocupan posiciones de mayor influencia.

En ese orden de ideas, se tiene como respuesta al  Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas constituye un referente importante. El Código de Buen Gobierno corporativo es un conjunto de principios, normas y buenas prácticas de autorregulación que una empresa adopta de manera voluntaria u obligatoria para dirigir, administrar y controlar su funcionamiento.  La buena utilización de estos principios desencadenan en el incentivo de la adopción de medidas para prevenir, detectar, gestionar y revelar los conflictos de intereses, así como la abstención de los directores en aquellas decisiones que puedan comprometer su imparcialidad.

A partir de estos estándares, sería conveniente que las sociedades incorporen reglas específicas en sus estatutos o reglamentos de directorio. Entre ellas, podrían contemplarse la obligación de declarar periódicamente los intereses personales y económicos relevantes, un registro de situaciones de conflicto, procedimientos de abstención debidamente documentados y la intervención de directores independientes o de un comité especializado cuando corresponda.

Es importante promover la confianza y no basarse en un ámbito netamente regulatorio. Es decir, el gobierno corporativo no debe medirse únicamente por la existencia de reglas escritas o por el cumplimiento formal de las disposiciones legales. También debe evaluarse a partir de la confianza que generan las decisiones adoptadas por quienes administran la sociedad.

En conclusión, el desafío de la regulación de la ley general de sociedades no está únicamente en sancionar al director que actúa en beneficio propio, sino en construir mecanismos que impidan que esa situación llegue a comprometer la voluntad del directorio. Porque, al final, el problema no es que quien administra una sociedad también sea su propietario; el problema comienza cuando deja de distinguir entre lo que le conviene a él y lo que realmente le conviene a la empresa.

  1. Congreso de la República del Perú. (1997). Ley N.º 26887, Ley General de Sociedades. Diario Oficial El Peruano. https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/26887.pdf
  2. Superintendencia del Mercado de Valores. (2013). Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas. https://www.smv.gob.pe/consultasp8/temp/gobcorporativo2013.pdf
  3. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). G20/OECD principles of corporate governance 2023. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/ed750b30-en

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