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Coautoría: Ariana Jarlett Cornejo Sanchez
El factoring mercantil se ha erigido en el Perú como una institución de vital importancia para la conversión de facturas negociables en títulos valores con mérito ejecutivo, registrando un crecimiento sostenido a dos dígitos desde el año 2021; sin embargo, su plena eficacia operativa para inyectar liquidez al tejido empresarial se ve mermada por la prima de riesgo e incertidumbre que asumen los cesionarios en la exigibilidad de las acreencias. Frente a este escenario, las estrategias articuladas entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Cavali para atenuar la incerteza del financiador resultan sumamente atinadas, pues, tal como sostiene Hundskopf Exebio (2021), la tutela de la seguridad jurídica y la oponibilidad del título valor son presupuestos indispensables para reducir los costos de transacción e incentivar menores tasas de descuento en el mercado de capitales. No obstante, este esfuerzo por optimizar la circulación de valores colisiona con una evidente antinomia regulatoria ante las nuevas disposiciones de la SUNAT, las cuales imponen cargas formales y mayores costos operativos a los agentes importadores; sobrecostos tributarios que, al decir de Danós Ordóñez (2019), contravienen el principio de razonabilidad y desincentivan la formalización del crédito, evidenciando que la consolidación de un factoring verdaderamente accesible no solo exige predictibilidad registral, sino una indispensable sinergia entre la política fiscal y la regulación mercantil.
Para abaratar los costos del factoring, el eje de discusión actual se centra en atenuar la incertidumbre que asumen las entidades financiadoras. Las acciones articuladas que alistan el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Cavali buscan justamente reducir el riesgo operativo y de cobro dentro de la plataforma de negociación de facturas electrónicas. Desde la perspectiva peruana, la prima de riesgo percibida en el financiamiento a pequeñas y medianas empresas impacta de manera directa en la tasa de descuento aplicada (Avolio & Thorne, 2020). Por ello, cualquier mejora en los niveles de certeza y transparencia del título valor se traduce en un menor costo financiero para las empresas emisoras.
Sin embargo, el reto de la competitividad exige una mayor coherencia en las políticas públicas y tributarias. Mientras el MEF y Cavali buscan agilizar el mercado, medidas o disposiciones específicas de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) podrían generar tensiones al proyectar mayores costos operativos para actores como los importadores. Tal como advierte la literatura sobre desarrollo financiero en el país, la sobrerregulación o los costos de cumplimiento tributario pueden desincentivar el uso de canales formales de crédito, contrarrestando los esfuerzos de inclusión financiera (Carranza et al., 2019).
En conclusión, la evolución del factoring peruano atraviesa un punto de inflexión decisivo. El trabajo técnico entre el MEF y Cavali para otorgar mayor predictibilidad a los financiadores es un paso acertado hacia un mercado más profundo y económico. No obstante, el éxito de este instrumento dependerá de lograr una armonización con las políticas de fiscalización de la SUNAT, de modo que la transparencia no se traduzca en trabas administrativas, sino en un entorno de liquidez ágil, eficiente y sostenible.