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Coautoría: Ariana Jarlett Cornejo Sanchez
La minería en el Perú atraviesa un momento de alta vulnerabilidad debido a las recientes propuestas legislativas que buscan reconfigurar la Ley General de Minería. Históricamente, el éxito del país como destino de inversión ha dependido de un marco legal predecible, donde el artículo 10 de la norma vigente ha sido el pilar fundamental al establecer que las concesiones mineras poseen un carácter irrevocable, siempre que se cumpla con las obligaciones económicas y operativas básicas. Sin embargo, como expone Ricardo Guerra Vázquez en su análisis, la Comisión de Energía y Minas del Congreso ha aprobado un dictamen que pretende eliminar explícitamente el término “irrevocable” de la legislación. Este cambio no es una mera formalidad técnica, sino una transformación de fondo que introduce una discrecionalidad política peligrosa en la gestión de los recursos naturales, amenazando con desmantelar la seguridad jurídica que ha sostenido el sector durante las últimas tres décadas.
La supresión del concepto de irrevocabilidad genera lo que expertos legales denominan una “ventana peligrosa”, donde la permanencia de una inversión multimillonaria deja de depender de criterios objetivos para quedar sujeta a decisiones administrativas variables. Según Guerra Vázquez (2026), al borrarse la garantía de que el Estado no puede retirar arbitrariamente la concesión, se ataca la confianza necesaria para proyectos de largo plazo que requieren años de investigación, prospección y desarrollo de infraestructura antes de generar el primer gramo de mineral. Rafael Lengua, especialista en derecho minero, advierte que esta modificación supedita la caducidad de los derechos mineros aspectos que ya están regulados por otras vías, como las sanciones ambientales de la OEFA o el Ministerio del ambiente, elevando desproporcionadamente las consecuencias de una falta administrativa hacia la Pérdida total del activo.
Este escenario es especialmente crítico porque equipara incumplimientos que ya tienen sanciones específicas (como el pago de penalidades por la falta de producción) con causales directas de revocación. Para los inversionistas, la pregunta fundamental que surge ante este cambio es por qué arriesgar capital en una jurisdicción donde el acceso al recurso puede ser suprimido por el gobierno de turno sin criterios específicos ni garantías de estabilidad. En esencia, la reforma legislativa está destruyendo la competitividad del Perú frente a otros países Mineros, volviendo las condiciones de inversión severamente adversas en un contexto de creciente competencia global por capitales.
Una de las implicancias más graves señaladas en el artículo es el desplazamiento de la minería formal por estructuras ilegales e informales. Gonzalo Quijandría, de la sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), sostiene que el efecto práctico de estas modificaciones es ahuyentar a los actores responsables, dejando hectáreas libres que son rápidamente invadidas por la minería ilegal. Este ecosistema no solo evade el control estatal, sino que dinamiza redes de criminalidad, extorsión y violencia que el Estado peruano ha demostrado tener serias dificultades para contener. Al debilitar al sector formal, el Congreso paradójicamente facilita el avance de actividades que operan fuera de cualquier estándar ambiental o social.
Asimismo, existe un contrasentido ambiental en la propuesta de revocación. Bajo el marco actual, un titular formal tiene la obligación garantizada de remediar los pasivos ambientales y ejecutar el cierre de minas. No obstante, si el Estado retira la concesión de forma abrupta, se produce un vacío de responsabilidad: el titular pierde la garantía de remediación y el Estado termina asumiendo la carga financiera de limpiar áreas afectadas. Por lo tanto, lo que se presenta como una medida de mayor control termina resultando en un perjuicio económico y ambiental para el país, donde la autoridad adquiere una potestad de suprimir derechos mineros sin considerar el monto invertido ni la responsabilidades de largo plazo asociadas a la operación.
La discusión sobre la revocabilidad de las concesiones mineras revela una profunda desconexión entre la técnica legislativa y la realidad operativa de las industrias extractivas. La crítica fundamental no debe dirigirse a la intención de supervisar, la cual es necesaria y legítima, sino a la desproporcionalidad y el riesgo sistémico que conlleva el uso de la caducidad como una herramienta de sanción administrativa generalizada.
En primer lugar, convertir la concesión en un derecho precario ignora que la minería es, ante todo, una actividad de gestión de riesgos en tiempos que exceden los ciclos políticos. Al introducir la incertidumbre sobre la propiedad del derecho minero, el legislador está enviando un mensaje de inestabilidad que trasciende al sector minero; es una señal de que en el Perú las reglas de juego pueden alterarse unilateralmente sin respetar los principios de confianza legítima. Esto sitúa al país en una posición de inferioridad estratégica, pues los grandes capitales buscarán refugio en jurisdicciones que, aunque puedan tener cargas tributarias similares, ofrecen la certeza de que el derecho no les será arrebatado por un cambio de humor en la administración pública.
En segundo lugar, hay una implicancia ética y social devastadora en la “promoción indirecta” de la ilegalidad. El Estado peruano parece no comprender que su mejor aliado en la lucha contra el crimen organizado en zonas remotas es la empresa formal, que establece presencia territorial, estándares de seguridad y vigilancia. Al “ limpiar” el tablero de empresas formales bajo causales ambiguas, el Estado no está recuperando soberanía sobre el recurso, sino entregándolo de facto a economías criminales que no pagan impuestos, no respetan los derechos humanos y destruyen ecosistemas de manera irreversible. La revocación de una concesión formal sin un plan de control territorial es, en la práctica, una cesión de territorio a la ilegalidad.
Finalmente, la implicancia fiscal es alarmante. Si el Estado asume la potestad de revocar concesiones por incumplimientos administrativos menores, también asume la responsabilidad de gestionar las áreas que quedan huérfanas. El Perú no tiene la capacidad técnica ni financiera para remediar los pasivos ambientales que dejarían cientos de concesiones revocadas. Por lo tanto, esta reforma es un acto de irresponsabilidad fiscal: se crean leyes que suenan severas en el papel, pero cuyas consecuencias reales, la pérdida de inversión, el aumento del crimen y la deuda ambiental, terminarán siendo pagadas por todos los ciudadanos peruanos.
En conclusión, la reforma propuesta sobre la Ley General de Minería, detallada por Guerra Vázquez (2026), representa un retroceso sistémico que pone en riesgo la principal fuente de ingresos del país. Al eliminar la irrevocabilidad, se rompe el principio de predictibilidad y se abre la puerta a una gestión de concesiones basada en la discrecionalidad política, lo cual es incompatible con la naturaleza de la inversión minera. El resultado previsible no es una minería más responsable, sino un sector formal debilitado, un aumento de la inseguridad territorial frente a las mafias ilegales y una mayor precariedad institucional. La estabilidad jurídica no es un privilegio para las empresas, sino una herramienta de desarrollo nacional que el Perú parece estar dispuesto a sacrificar en favor de políticas de corto plazo.