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Carolina Lia Navarro Llallico
Conforme al autor Christian Valero (2021), la inteligencia artificial es aplicada en distintas ramas del conocimiento, incluido el Derecho.
Actualmente la sociedad se encuentra viviendo la cuarta revolución industrial, la cual empezó a principios del Siglo XXI y se trata de la revolución digital, la cual se caracteriza por un internet más generalizado y móvil, el cual utiliza sensores más pequeños y potentes, por la inteligencia artificial y el aprendizaje de la máquina (Shwab, como se cita en Valero, 2021)
La inteligencia artificial (IA) es la rama de las ciencias de la computación que estudia el software y hardware necesarios para simular el comportamiento y la comprensión humana. Además, la IA sintetiza y automatiza tareas intelectuales, y por ello es relevante para cualquier ámbito de la actividad intelectual humana (Velasco, como se cita en Valero, 2021).
En ese sentido, el referido autor señala que la IA es una máquina que, al procesar la información, puede imitar las acciones humanas y dar soluciones en campos económicos o sociales. Por esta razón, la IA también puede tener efectos o influir en el área del Derecho.
En conformidad a lo expresado por Valero, el desarrollo de la IA implica que mediante el Derecho se deban crear nuevas soluciones que permitan que la sociedad pueda convivir de forma armoniosa y beneficiosa para sí misma.
Asimismo, señala que la evolución de la IA requiere también un cambio en la forma de pensar y trabajar de un jurista o abogado.
En ese sentido, el referido autor expresa que la IA se aplicaría en el Derecho para varias tareas clave, tales como: ayudar a tomar decisiones y argumentar, organizar documentos legales, buscar información específica en textos y planificar la creación de nuevas leyes.
En cuanto a la sistematización y clasificación de la legislación peruana, se tiene una herramienta como el Sistema Peruano de Información Jurídica (SPIJ), el cual es el medio informático de carácter oficial que tiene como finalidad el difundir las normas jurídicas que integran la legislación peruana, de forma sistematizada, concordada y actualizada.
No obstante, en relación con la clasificación del Derecho comparado, se observa que no hay un sistema informático que agrupe las leyes de los diferentes países de forma ordenada y actualizada.
Al respecto, siguiendo el modelo del SPIJ, Valero propone que se puede hacer uso de la IA para crear un sistema informático o base de datos que pueda identificar las normas internacionales con solo buscar palabras clave en el sistema.
El proceso judicial es el instrumento que permite al juez el aplicar el Derecho y resolver conflictos a través de una sentencia, y para llegar a esa decisión, se requiere que las partes involucradas presenten sus actos de alegación y actos probatorios (Castro, 2015, como se cita en Valero, 2021).
En relación al proceso judicial, se sugiere implementar un modelo informático inteligente que sea capaz de reconocer y validar determinados documentos que las partes presenten en un proceso judicial, que clasifique y otorgue un orden de prioridad a los trámites más urgentes, o que automatice resoluciones judiciales simples como vistas, traslados o notificaciones (Corvalán, 2019, como se cita en Valero, 2021).
Así, se tiene el ejemplo de PROMETEA, del Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires, que es un sistema capaz de elaborar 1000 dictámenes jurídicos en solo 45 días. Si no se hubiera utilizado, esa tarea habría tomado 174 días. Por otra parte, PROMETEA realizó 1440 resoluciones fiscales en un mes, cuando en el caso de no utilizarse este sistema, sólo se habrían emitido 225 resoluciones.
Teniendo en cuenta este ejemplo, Valero afirma que el desafío para el desarrollo del proceso judicial es usar sistemas inteligentes como PROMETEA para transformar el sistema jurisdiccional estatal peruano, el cual posee una alta carga de trabajo, en un sistema más rápido, ordenado, estructurado y dinámico.
En cuanto a la formación profesional del abogado, el referido autor señala que los estudiantes de Derecho deben formarse en el manejo de la IA. Asimismo, indica que, ante el incremento del uso de la IA para la elaboración de escritos y actuaciones procesales, los estudiantes de Derecho deben desarrollar su capacidad de argumentación y litigación jurídica, para fines del ejercicio eficaz de la abogacía.
En orden de ilustrar esta idea, se indica que en Estados Unidos se ha contratado al primer abogado robot llamado ROSS, creado por una empresa canadiense de la Universidad de Toronto, que es un sistema capaz de absolver consultas legales y emitir una respuesta más rápida que un abogado humano.
Ante este hecho, se puede afirmar que en el mundo están sucediendo cambios contundentes en el ejercicio de la profesión de abogado, por lo que se refuerza la idea anteriormente mencionada, de que los estudiantes de Derecho deben formarse en argumentación y litigación jurídica, para fines de hacer frente a la nueva realidad en el ejercicio de la abogacía.
A nivel internacional, Valero indica que existen otro tipo de sistemas inteligentes que se usan en el ejercicio de la abogacía. En España, se tienen sistemas inteligentes como Jurimetría, que es un programa inteligente que reúne millones de resoluciones judiciales y sobre la base de los fundamentos expresados en las resoluciones judiciales permite tomar decisiones, o Tirant Analytics que analiza los hechos de los casos legales y es capaz de ofrecer posibles estrategias legales y el porcentaje de éxito de cada una de ellas.
Asimismo, en Estados Unidos, el Consejo de la Abogacía Norteamericana aprobó una reforma en sus modelos de normas de conducta profesional, estableciendo que los abogados deben ser competentes en tecnología.
En esta línea, en Gran Bretaña existe la ACCI de la Universidad de Manchester, que ayuda a entender las leyes fiscales.
Por su parte, en Francia, se creó el sistema CARAF, el cual supervisa y trata de armonizar la acción de las cajas regionales de asignaciones familiares.
Valero precisa que en tanto que el uso de los sistemas inteligentes pueda provocar cambios en la forma de vida de la sociedad peruana, es necesario tener en cuenta determinadas situaciones en las que el ser humano y el robot interactúen entre sí, ante lo cual el Derecho deba intervenir para regular dichos supuestos.
Al respecto, Torres (2017; como se cita en Valero, 2021) indica que se debe tener en cuenta que los robots pueden clasificarse en cuatro niveles, según su autonomía:
En esta línea, el mencionado autor afirma que un error en el sistema inteligente, del tercer o cuarto nivel mencionado, podría provocar daños o afectaciones a bienes jurídicos, lo que abriría un debate legal acerca de la responsabilidad jurídica sobre dichos daños.
Al respecto de los robots autónomos, se menciona que los automóviles autónomos son una clase de robot autónomo y son vehículos configurados para tomar el control de la conducción de un auto. No obstante, cabe plantearse la interrogante sobre el sujeto que tendría responsabilidad jurídica en el caso de que el sistema informático del auto fallara.
Por ejemplo, en Arizona un peatón murió luego de que el sistema de un auto Volvo autónomo presentara fallas en sus algoritmos. Por otro lado, en California, el conductor de un auto Tesla que usaba el piloto automático murió en un accidente y la causa fue que el sistema de asistencia tomó decisiones incorrectas, ya que no interpretó adecuadamente las líneas que dividen los carriles. Asimismo, se dio el caso donde un vehículo en modo de conducción automática, chocó contra un camión, lo que provocó la muerte del conductor.
A raíz de estos incidentes, la pregunta clave es quién asume la responsabilidad legal. El debate se centraría en varias posibilidades:
Valero considera que ante casos como los mencionados, no podría haber un solo responsable y la solución legal dependería de las circunstancias del accidente automovilístico.
Asimismo, con relación al cuarto nivel de la robótica, que es la inteligencia artificial, el referido autor señala que el principal dilema legal es determinar quién es responsable cuando un sistema inteligente comete un error que causa un daño. Por ejemplo, en el Reino Unido se desarrolló el sistema Digital Surgery, este sistema inteligente fue creado para guiar los procedimientos en los quirófanos, haciendo que las cirugías sean más seguras. No obstante, si fallaran los algoritmos del sistema inteligente y el paciente muere en la cirugía, surgen las siguientes preguntas: ¿quién sería el responsable legal por la muerte de la persona?, ¿el médico tendría la responsabilidad?, ¿tendría responsabilidad el programador o el diseñador del software? ¿el hospital sería responsable o el proveedor del sistema inteligente?
Teniendo en cuenta lo señalado, se puede observar que es necesario abordar y analizar este tipo de interrogantes lo más pronto posible, para fines de que se pueda realizar una investigación adecuada en torno a este tema y que la sociedad se encuentre más preparada, frente al desarrollo normativo sobre la materia.
Ante el avance en el uso de la inteligencia artificial en diversos ámbitos de la sociedad, a propósito de la cuarta revolución industrial, la posibilidad de que hayan puestos de trabajo de personas que sean reemplazados por la IA es cada vez mayor.
En ese sentido, Valero cree que, la IA no podría reemplazar completamente a los puestos de trabajo del sistema judicial. Sin embargo, es de la opinión que sí podría sustituir ciertos puestos de trabajo, como los de analistas de jurisprudencia, asistentes judiciales, notificadores e incluso, en algunos casos, a jueces de primera instancia.
Al respecto, Dans (2018; como se cita en Valero, 2021) señala que, los abogados deben de plantearse cómo pueden mejorar su trabajo con el uso de la IA, y al mismo tiempo, beneficiar a la sociedad.
Teniendo en cuenta lo indicado, y ante el avance en el uso de la inteligencia artificial, se puede afirmar que la IA debe convertirse en un apoyo para mejorar el sistema legal. En tal sentido, el abogado debe utilizar la información y las soluciones que le ofrezcan los sistemas inteligentes, y será él quien tome las decisiones finales ante determinada situación.
En cuanto a la legislación peruana, podemos mencionar que existen dos normas recientemente emitidas por el gobierno peruano.
La primera de ellas es la Ley N° 31814 “Ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país”, publicada el 5 de julio de 2023.
La referida ley tiene por objeto el impulsar el uso de la inteligencia artificial (IA) como parte de la transformación digital del país. Su objetivo es fomentar el desarrollo económico y social, asegurando al mismo tiempo que la IA se utilice de manera ética, segura, sostenible y responsable, con un enfoque central en la protección de las personas y sus derechos humanos.
Asimismo, establece principios para el desarrollo y uso de la IA que comprenden:
Por otra parte, la Ley N° 31814 reconoce las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y designa a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros como la autoridad a nivel nacional encargada de dirigir, evaluar y supervisar el uso y promoción de la inteligencia artificial en el Perú.
En ese sentido, la señalada ley establece que la Autoridad Nacional debe enviar un informe anual al Congreso de la República, detallando los avances en la implementación de la Política Nacional de Transformación Digital y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Además, se establece que, si se detectan amenazas graves o se afecta la ciberseguridad del país, la Autoridad Nacional debe informar de inmediato a la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República.
Actualmente, el Poder Ejecutivo está en el proceso de elaborar y aprobar el Reglamento de la Ley N° 31814, el cual establecerá los lineamientos y procedimientos específicos para su aplicación. Este reglamento es clave para operativizar la ley y aún se encuentra en proyecto.
Entre los puntos más relevantes del proyecto de Reglamento de la Ley N° 31814, se puede mencionar lo siguiente:
Por otro lado, el 29 de abril de 2025, se publicó la Ley N° 32314 “Ley que modifica el Código Penal, Decreto Legislativo 635, y la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos, para incluir el uso de la inteligencia artificial en la comisión de delitos”. Esta norma incorpora el uso de la inteligencia artificial (IA) como una circunstancia agravante para la comisión de ciertos delitos.
Entre los puntos más resaltantes de la referida ley, se puede señalar los siguientes:
çEn conclusión, el Derecho debe adaptarse a la era de la IA, tanto para aprovechar sus beneficios en la eficiencia y gestión de los procesos legales, como para enfrentar los nuevos desafíos éticos y de responsabilidad que surgen de su uso.
[1] Un sistema inteligente es un soporte de inteligencia donde el razonamiento no está en las personas sino en los componentes constitutivos del sistema. (Martínez, como se cita en Valero 2021)