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Coautoría: Ariana Jarlett Cornejo Sánchez
Imaginemos que varias personas en Lima reciben un enlace que imita el portal de su banco. Días después, descubren transferencias que nunca autorizaron. La fiscalía identifica la cuenta receptora y recupera mensajes en los que tres alias coordinan los retiros. ¿Qué falta probar para sostener que el titular de esa cuenta integró una organización criminal? Alas Rojas (2026) sitúa este problema en la transformación de la criminalidad organizada. En el entorno digital, sus miembros pueden coordinarse a distancia sin una jerarquía visible. Reconstruir el fraude permite explicar cómo se produjo el perjuicio. Atribuir la pertenencia a la red exige, además, acreditar las características del grupo y el vínculo consciente de la persona investigada con su actividad.
CUÁNDO UNA RED DE FRAUDE REÚNE LOS ELEMENTOS DE UNA ORGANIZACIÓN CRIMINAL
Villavicencio Terreros (2014) caracteriza el fraude informático como un delito de resultado. En el ejemplo, la página falsa explica cómo se obtuvieron las claves, pero para acreditar el fraude consumado interesa establecer qué operaciones se ejecutaron con ellas y qué perjuicio ocasionaron. El artículo 8 de la Ley N.º 30096, Ley de Delitos Informáticos, contempla la suplantación de páginas web y alcanza también a quien facilita intencionalmente la transferencia de activos. Por ello, el abono en una cuenta permite seguir el dinero, mientras que las instrucciones de retiro o el acuerdo previo sobre una comisión pueden aportar evidencia del conocimiento de su titular (Ley N.º 30096, 2013, art. 8).
La calificación del grupo exige un examen adicional. El artículo 317.2 del Código Penal, en la redacción de la Ley N.º 32138, requiere al menos tres personas, permanencia o duración indefinida, una estructura compleja con mayor capacidad operativa y funciones que sus miembros ejerzan de manera coordinada. El grupo debe perseguir un beneficio económico o material y orientar su actividad a la extorsión, el secuestro, el sicariato u otros delitos cuyo mínimo legal sea de cinco años o más. El contraste importa porque el fraude informático básico tiene un mínimo de cuatro años. Si el plan atribuido se agota en esa modalidad, multiplicar las operaciones o las víctimas no permite alcanzar el umbral. El análisis cambia si el plan comprende, por ejemplo, defraudar fondos estatales destinados a programas de apoyo social, modalidad cuyo mínimo sí llega a cinco años (Ley N.º 30096, 2013, art. 8; Ley N.º 32138, 2024, arts. 1–2).
¿Qué demostraría entonces la continuidad de la red? Tendrían valor los mensajes que asignan cuentas para futuras operaciones, las rendiciones periódicas de dinero o el reemplazo de un encargado de retiros mientras los demás mantienen sus funciones. Una misma persona podría manejar varios de los alias que aparecen en el chat. Contarlos como integrantes distintos sobredimensionaría la red. Rodríguez Olave (2022, pp. 223–225) advierte la dificultad de distinguir la banda de la organización por su apariencia jerárquica. Si la evidencia solo acredita la ejecución conjunta de un fraude concreto, cabe examinar la coautoría. Una imputación por banda criminal exige acreditar, a su vez, una unión de al menos dos personas orientada a cometer delitos concertadamente, conforme al artículo 317-B del Código Penal (Decreto Legislativo N.º 1244, 2016, art. 3).
CÓMO ATRIBUIR A UNA PERSONA LOS ACTOS REGISTRADOS EN UNA CUENTA
Volvamos al titular de la cuenta receptora. El registro bancario acredita el destino de los fondos. Para determinar quién dispuso de ellos, puede contrastarse la hora del retiro con las imágenes del cajero y con los mensajes que anticipaban el monto. Si, además, en un dispositivo bajo control del titular aparecen instrucciones para distribuir el dinero de futuras operaciones, habrá elementos para discutir tanto su intervención en el fraude como el alcance de su relación con el grupo. Una denuncia por sustracción del teléfono anterior a los hechos obligaría, en cambio, a comprobar si un tercero controlaba el dispositivo cuando se enviaron los mensajes. El artículo 158.3 del Código Procesal Penal exige partir de indicios probados, justificar la inferencia y, cuando los indicios sean contingentes, comprobar que varios indicios concuerdan y conducen a la misma conclusión, sin que subsistan contraindicios consistentes (Decreto Legislativo N.º 957, 2004, art. 158.3).
Importa también cómo llegó el chat al expediente. Una captura aportada por la víctima puede orientar la investigación, aunque su recorte omita mensajes capaces de cambiar el sentido de una frase. Para hacer ese contraste conviene conservar el intercambio pertinente y dejar constancia del dispositivo de origen, del método de extracción y de quién custodió el archivo. El valor hash permite comparar la huella digital del archivo preservado con la de la copia que se examina en juicio. La coincidencia respalda la integridad de la copia desde ese punto de referencia. La identidad de quien escribió sigue requiriendo corroboración. El Ministerio Público (2025) ha aprobado un instructivo sobre la obtención de ese valor. Desde la perspectiva de la contradicción que estudia Limay Chavez (2026), la defensa debe poder examinar la copia y discutir si el intercambio completo respalda el sentido que la fiscalía atribuye a los mensajes.
La urgencia aumenta cuando los registros de conexión están en poder de un proveedor extranjero. El Convenio de Budapest distingue la solicitud de conservación rápida dirigida a otro Estado parte de la asistencia posterior para obtener los datos almacenados. La red de contacto disponible las veinticuatro horas facilita esa primera actuación. En el supuesto del portal falso, identificar el dominio, las cuentas y el intervalo de las transferencias permite preservar los registros relevantes antes de que se pierdan y delimitar la posterior solicitud de acceso. Cada medida debe respetar las salvaguardas aplicables y guardar proporción con el objeto de la investigación (Consejo de Europa, 2001, arts. 15, 29, 31 y 35).
CONCLUSIÓN
En el caso propuesto, la prueba más reveladora para acreditar el fraude puede ser insuficiente para acreditar la pertenencia. Un retiro filmado puede identificar a quien cobró el dinero. Para atribuirle una función dentro de una organización criminal habrá que explicar qué sabía del plan, qué tarea asumió y qué hechos vinculan esa tarea con una estructura capaz de seguir operando. Y aun si se acredita esa estructura, corresponde verificar que el delito al que se orientaba satisface el artículo 317.2 del Código Penal. Esta separación permite sostener el cargo que la evidencia respalda y precisar, para cada imputado, qué extremo sigue en discusión (Ley N.º 32138, 2024, art. 1; Rodríguez Olave, 2022).
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS