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Coautoría: Ariana Jarlett Cornejo Sanchez
El panorama geopolítico actual se encuentra suspendido sobre el abismo de una catástrofe sin precedentes, impulsado por una retórica de exterminio que desafía los cimientos mismos de la diplomacia y el orden internacional. la reciente amenaza del presidente Donald Trump de ejecutar bombardeos generalizados y borrar del mapa “ una civilización entera” si Teherán no capitula antes de un plazo perentorio, ha desplazado el conflicto de una disputa por intereses estratégicos hacia una sentencia de muerte existencial para millones de personas. En este escenario de máxima presión, la respuesta civil iraní, manifestada en cadenas humanas que protegen centrales eléctricas y puentes milenarios, actúa como un recordatorio punzante de la fragilidad de la vida humana frente a los juegos de poder. Esta crisis no sólo pone a prueba la resistencia de un país, sino que expone la alarmante erosión de las leyes de la guerra, planteando un interrogante urgente sobre si el derecho internacional sigue siendo una salvaguarda real o simplemente un concepto decorativo ante la voluntad de las potencias nucleares.
El lenguaje utilizado por el presidente Donald Trump no solo es agresivo, sino que representa una ruptura absoluta con los protocolos de resolución de conflictos del siglo XXI. Al afirmar que “una civilización entera morirá esta noche” y que esto “probablemente ocurrirá”, se está abandonando el concepto de “objetivo militar” para entrar en el terreno del castigo existencial. Esta retórica transforma una disputa política sobre términos de guerra o bloqueos económicos en una sentencia de muerte colectiva, donde la distinción entre combatientes y civiles desaparece bajo la amenaza de un bombardeo generalizado. El ultimátum de los Estados Unidos a Irán no es solo una fecha límite técnica; es un uso psicológico del tiempo para forzar una capitulación total de Teherán ante lo que Trump denomina “47 años de extorsión, corrupción y muerte”.
Desde un análisis jurídico estricto, la amenaza de destruir infraestructura civil, tales como centrales eléctricas y puentes, es una declaración abierta de intención de cometer crímenes de guerra. El derecho internacional humanitario prohíbe atacar bienes indispensables para la supervivencia de la población civil; atacar la central de Damavand o la termoeléctrica de Tabriz implicaría dejar sin servicios básicos a millones de personas, hospitales y sistemas de agua. La falla, en este caso, es sistémica: cuando la potencia militar más grande del mundo normaliza el ataque a objetivos no militares para presionar acuerdos políticos, el andamiaje legal de la ONU y los Convenios de Ginebra se vuelven irrelevantes, dejando a la población civil como el único rehén de una partida de ajedrez geopolítica.
La respuesta iraní, coordinada por el Ministerio de Deporte y Juventud, ha sido la movilización de “cadenas humanas” compuestas por jóvenes de diversas ideologías para “escenificar un símbolo de unidad”. Al apostarse frente a plantas eléctricas como Bisotun o el puente histórico de Dezful (con más de 1,700 años de antigüedad), el gobierno de Irán utiliza la cultura y la historia como escudo moral. Esta táctica es profundamente compleja: por un lado, es un acto de resistencia civil legítima; por otro lado, es una maniobra Estatal que coloca a sus ciudadanos, incluidos músicos como Ali Gamsari y Benyamin Bahadori, en el radio de impacto de un posible ataque para elevar el costo político y mediático de la agresión estadounidense. En suma, es el choque entre un poder tecnológico que amenaza con el “infierno” y una población que interpone su propia existencia física ante los misiles.
Cabe resaltar que, el trasfondo de esta escalada es el control del Estrecho de Ormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial. Irán ha utilizado el bloqueo de este paso vital para buques no aliados como una medida de guerra económica que ha disparado los precios globales, respondiendo a lo que consideran décadas de presión externa. Esta es la gran falla de la interdependencia global: la economía se convierte en un campo de batalla donde el libre tránsito de recursos vitales es sacrificado. Mientras Washington exige la reapertura del estrecho bajo amenaza de destrucción, Teherán se mantiene firme en una postura de resistencia que busca forzar una negociación desde una posición de fuerza, a pesar del riesgo inminente de una catástrofe humanitaria.
Finalmente, la problemática actual nos obliga a reflexionar sobre por qué, tras siglos de evolución en el pensamiento jurídico, seguimos dependiendo de la voluntad de líderes individuales para evitar el exterminio de pueblos enteros. El Derecho Internacional es hoy una estructura frágil que solo funciona cuando hay voluntad de cumplirlo; sin embargo, en este caso, vemos que la norma es ignorada por el agresor y usada como última Súplica por el agredido. La verdadera tragedia no es solo la posible destrucción de centrales eléctricas o puentes históricos, sino la erosión de la idea de que la humanidad tiene reglas mínimas de decencia. si la protección de una civilización depende de que un grupo de jóvenes se tome de las manos frente a un edificio, es porque nuestras instituciones globales han fallado en su propósito fundamental: garantizar que la razón siempre esté por encima de la Fuerza bruta. A partir de lo expuesto, cabe preguntarnos: ¿existe algún mecanismo internacional capaz de frenar una decisión de esta magnitud, o estamos ante un escenario donde el poder militar absoluto anula por completo cualquier tratado previo?, ¿hemos ingresado acaso a una etapa en la que el Derecho Internacional vigente resulta irrelevante?; en tal caso, ¿es tiempo de reescribirlo?