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Coautoría: Ariana Jarlett Cornejo Sánchez
¿Qué justifica imponer una pena más grave a quien vuelve a delinquir? Quispe Calla (2026) aborda la pregunta desde la prevención especial, entendida como el propósito de evitar que la persona condenada vuelva a delinquir. Cuestiona que la experiencia carcelaria sea el criterio decisivo y propone revisar la situación de quien cumple jornadas comunitarias, de quien tiene una requisitoria por una condena elevada y de quien comete un delito en prisión. Su propuesta exige distinguir qué intervención estatal experimentó cada persona antes del nuevo hecho. Haber recibido una condena, haber empezado a cumplirla y haber recuperado la libertad son situaciones jurídicamente distintas.
La distinción importa porque la reincidencia cambia la pena que el juez puede imponer. Para quien comete un nuevo delito doloso, la regla general del artículo 46-B del Código Penal exige el cumplimiento total o parcial de una pena anterior y un plazo máximo de cinco años. La agravante permite elevar hasta en una mitad el máximo previsto para el nuevo delito. Existen reglas especiales, entre ellas el cómputo sin límite temporal para los delitos enumerados en el tercer párrafo. Como explica Prado Saldarriaga (2009), una agravante cualificada modifica primero el marco penal y solo después se individualiza la sanción. Por eso, acreditar la condena anterior es apenas el comienzo del análisis (Código Penal, 1991, art. 46-B).
LA REQUISITORIA Y EL DELITO COMETIDO DURANTE EL ENCIERRO
Una requisitoria puede servir para asegurar la presencia de un procesado o para ejecutar una sentencia firme. En el primer supuesto, la orden de captura deja pendiente el juicio de culpabilidad. En el segundo, incluso una condena de diez años puede estar íntegramente pendiente de ejecución. En el Recurso de Nulidad N.º 116-2018/Lima Norte, la Corte Suprema descartó la reincidencia porque el nuevo delito se cometió antes de que el condenado ingresara en prisión y dispuso la ejecución sucesiva de las penas (CSJR, 2018a, fundamento 4). En cambio, si la orden busca recapturar a quien se fugó del penal, el juez puede verificar qué parte de la sanción se ejecutó antes de la fuga. Esa diferencia temporal puede cambiar la calificación del nuevo hecho (CSJR, 2022, fundamento 3).
También merece una respuesta propia el delito cometido dentro del penal. En la Casación N.º 979-2020/Lambayeque, un interno condenado por robo agravado intervino en un delito de tráfico de drogas mientras cumplía aquella pena. La Corte Suprema descartó la reincidencia porque la ejecución continuaba sin interrupción. Al recalcular la sanción por el nuevo delito, la redujo de veinticinco a catorce años de prisión, atendiendo también a la cantidad de droga y a la conformidad procesal (CSJR, 2022, fundamentos 3–6). El fallo permite apreciar el alcance de la reforma sugerida por Quispe Calla (2026). El derecho vigente ya contempla como agravante genérica dirigir o cometer el hecho desde un lugar de reclusión, cuando esa circunstancia no integre el tipo ni esté específicamente prevista para sancionarlo. Una reforma tendría que explicar qué justificaría una agravación adicional y cómo evitaría valorar dos veces el encierro (Código Penal, 1991, art. 46.2, lit. k).
EL LÍMITE DE LA PREVENCIÓN ESPECIAL
La cuestión de fondo es cuánto puede pesar el pasado en la pena del presente. El Tribunal Constitucional (2007, fundamento 24) consideró compatible la reincidencia con la prohibición de doble sanción porque el antecedente se toma en cuenta al graduar la pena de un hecho distinto. Sánchez Torres (2017) acepta que el antecedente pueda revelar mayor culpabilidad, pero defiende que su efecto se mantenga dentro de los límites de pena asignados al delito. Meini Mendez (2013), por su parte, advierte la dificultad de fijar la duración de una pena a partir de pronósticos sobre la futura conducta del condenado. Que la primera sanción haya resultado insuficiente para evitar otro delito dice poco, por sí solo, sobre cuántos años adicionales de pena se justifican en el caso concreto.
Exigir prisión previa en todos los casos desconoce la carga que asume quien cumple jornadas comunitarias. Extender la agravante a una condena pendiente de ejecución plantea el problema opuesto. Y aplicarla a quien todavía cumple su condena, como propone discutir Quispe Calla, exigiría redefinir el momento a partir del cual puede hablarse de reincidencia. Para resolver un caso concreto, la sentencia debería identificar la sanción previa, precisar qué parte se cumplió antes del nuevo hecho y explicar qué regla temporal aplica. Solo entonces podrá justificar cuánto pesa ese antecedente en la pena que corresponde imponer (Código Penal, 1991, art. 46-B; Quispe Calla, 2026).
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS