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Coautoría: Luis Gerardo Valer Huaman
En una publicación en las plataformas sociales del poder judicial, tal como Justicia Tv y la página oficial del Poder Judicial resaltó una noticia en las últimas semanas. Esta indicaba que el Perú se posiciona como un referente en la región latinoamericana por su innovación en la modernización en el sistema de justicia y su efectividad al investigar la oralidad como principal fundamento del proceso. No obstante, ¿realmente nos encontramos ante un sistema efectivo, auténtico y operativo? No cabe duda que se presenta como una gran alternativa de cambio, pero se deben encontrar los mecanismos correspondientes para poder productivizarlos.
La modernización de la justicia es fundamental para fortalecer la seguridad jurídica y generar confianza en quienes recurrimos al sistema judicial. En el ámbito empresarial, la demora en resolver una controversia contractual puede paralizar inversiones, generar pérdidas económicas y prolongar la incertidumbre entre las partes. Frente a ello, según la noticia publicada en Justicia TV, el modelo de oralidad civil impulsado por el Poder Judicial busca agilizar los procesos mediante audiencias que permitan una mayor participación del juez, una mejor organización del procedimiento y una resolución más oportuna de los conflictos.
Se indica que esta iniciativa ha despertado el interés de otros países de la región y ha permitido al Poder Judicial peruano presentar su experiencia como una alternativa para mejorar la administración de justicia. Sin embargo, más allá de los reconocimientos, es importante preguntarnos si la oralidad podría cumplir realmente su principal objetivo que es garantizar una respuesta efectiva ante la demanda de quienes ejercen su derecho de acción.está cumpliendo realmente con su principal objetivo: reducir la duración de los procesos y garantizar una respuesta efectiva para los ciudadanos y las empresas.
Si bien este modelo permite concentrar actuaciones, aclarar los puntos en discusión y evitar ciertos trámites innecesarios, su efectividad dependerá de cómo realmente se aplique. Una audiencia bien organizada podría contribuir a resolver un conflicto con mayor rapidez; sin embargo, como se ve en la cotidianeidad, las sesiones suelen prolongarse excesivamente, se reprograman de manera constante o no existe una adecuada planificación, el resultado puede ser completamente distinto. En ese sentido, lo que inicialmente se plantea como una herramienta para agilizar el proceso podría terminar generando nuevas demoras y una mayor carga para los órganos judiciales.
A ello se suma la necesidad de fortalecer el seguimiento de los expedientes. La oralidad no debería significar que el avance del proceso dependa únicamente de la celebración de audiencias. También es necesario que las partes puedan conocer el estado de sus casos, verificar el cumplimiento de las resoluciones y acceder oportunamente a la información relevante. De poco sirve implementar audiencias orales si las notificaciones continúan demorándose, las actuaciones pendientes no se atienden a tiempo o la programación judicial no permite avanzar de manera ordenada.
Otro argumento que deberia ser considerado es la brecha tecnológica que existe en el Perú. No todos los órganos judiciales cuentan con las mismas condiciones de conectividad, equipos informáticos o personal capacitado. Esta situación resulta especialmente relevante en las zonas más alejadas del país, donde las limitaciones tecnológicas pueden dificultar la participación en audiencias virtuales y el acceso a los expedientes digitales. Por ello, una reforma que busca modernizar la justicia debe considerar las distintas realidades del territorio nacional. De lo contrario, existe el riesgo de que una herramienta diseñada para facilitar el acceso termine convirtiéndose en una barrera adicional para quienes tienen menos recursos.
En el litigio corporativo, una justicia eficiente puede marcar la diferencia entre recuperar una inversión, resolver un incumplimiento contractual o mantener durante años una controversia que afecta las operaciones de una empresa. La incertidumbre judicial puede comprometer recursos económicos, retrasar proyectos y dificultar la toma de decisiones. Por esta razón, la modernización del proceso civil no debe evaluarse únicamente desde una perspectiva procesal, sino también considerando sus efectos sobre la actividad empresarial y la seguridad jurídica. Ante esto, el reconocimiento del modelo peruano como una experiencia de interés regional constituye un avance que podría destacarse. No obstante, debemos distinguir entre los resultados positivos de una reforma específica y la situación general del sistema judicial, que todavía enfrenta problemas indudables de demora, desigualdad en el acceso y limitaciones de infraestructura. Ser un referente en la implementación de la oralidad no significa, necesariamente, haber superado todas las deficiencias de la administración de justicia.
Para que este proyecto alcance resultados realmente positivos es necesario fortalecer la infraestructura tecnológica, capacitar a jueces y personal judicial, organizar las audiencias con objetivos claros y evitar reprogramaciones innecesarias. Asimismo, resulta importante medir la efectividad de la reforma no solo por la cantidad de expedientes resueltos, sino también por el tiempo total que demora un proceso, la posibilidad de ejecutar las decisiones y la experiencia de quienes acuden a los tribunales.
El verdadero desafío consiste en convertir la oralidad en una herramienta que funcione de manera efectiva en todo el país, y no únicamente en aquellas sedes que cuentan con mejores condiciones. La innovación es importante, pero debe estar acompañada de una planificación adecuada y de recursos que permitan llevarla a la práctica.
En definitiva, la oralidad civil representa una oportunidad para mejorar la justicia peruana, pero no constituye una solución automática a sus problemas estructurales. Su éxito dependerá de la capacidad del Estado para garantizar una gestión eficiente, reducir las barreras tecnológicas y asegurar que las actuaciones procesales contribuyan realmente a resolver los conflictos.
Modernizar la justicia no significa únicamente resolver más expedientes en menos tiempo, sino garantizar que las personas y las empresas puedan obtener una respuesta oportuna, fundamentada y efectiva. Solo cuando esa mejora sea perceptible para quienes recurren al sistema judicial podremos afirmar que la oralidad está cumpliendo su verdadero propósito.