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Una delegación de facultades con consecuencias no pretendidas

Escrito por: Miguel Angel Porras Medina Lunes, 16 de Noviembre del 2026

Coautoría: Luis Gerardo Valer Huaman


Desde que se emitió la aprobación legislativa que confirmaba la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, surgieron argumentos sumamente polarizados, y no es para menos. El pasado 21 de octubre de 2026, el Pleno del Senado aprobó dicha delegación con 35 votos a favor, 18 en contra y 6 abstenciones, decisión que posteriormente se materializó mediante la Ley N.º 32743, publicada el 22 de octubre de 2026, por la cual se otorgaron facultades legislativas al Ejecutivo durante un plazo de 90 días calendario.

En este artículo se desarrollarán aquellos aspectos políticos y jurídicos que corresponde analizar respecto de este suceso y, sobre todo, cuáles son las alternativas que se tienen para poder identificar prácticas ilegítimas o riesgos que atenten contra la democracia en este nuevo panorama.

En el año 2024 se concretó el restablecimiento de la bicameralidad como formato de organización legislativa, mediante la Ley N.º 31988, publicada el 20 de marzo de 2024, cuya implementación se produjo con el nuevo Congreso elegido en 2026. Por un lado, se tenía el argumento a favor, debido a que los últimos años de gestión congresal unicameral se caracterizaron por ser una fuente de desestabilización política y social. No obstante, por otro lado, se tenía el argumento que radicaba en lo innecesario de aumentar considerablemente el presupuesto administrativo por el incremento de autoridades. Además del riesgo que se corría por la gran cantidad de poder que pasaría a tener el Senado, quien se encargaría de ser el último filtro ante la emisión de las leyes.

Es ese el punto que se quiere analizar en este artículo. El Senado ahora realmente cuenta con una gran potestad de poderío político, económico y social, pues, además de su función revisora en el procedimiento legislativo, tiene competencias para la elección, designación, ratificación y remoción de determinadas altas autoridades del Estado. Esto tiene efectos que, sin una fiscalización o mecanismos de control adecuados, podrían salirse de control y afectar principios fundamentales jurídicos y sociales, especialmente aquellos vinculados con la separación de poderes y el equilibrio institucional.

Se recuerda que el Perú tiene un sistema de gobierno denominado por parte de la doctrina como «presidencialismo parlamentarizado». Un sistema polémico e inusual que inclusive ha sido materia de análisis por parte de la doctrina constitucional, debido a la particular distribución de potestades entre el Legislativo y el Ejecutivo. Nosotros lo concebimos como un sistema de gobierno que debe funcionar como un eje en el que se eviten concentraciones de poder o tendencias autoritarias, conforme al principio de separación de poderes reconocido en el artículo 43 de la Constitución Política del Perú.

Es por ello que en los últimos años, si bien es cierto, se han impedido intentos de concentración de poder o actuaciones políticas que terminaban siendo inconstitucionales, como el intento de golpe de Estado por parte de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, también se ha generado una inestabilidad política constante que desencadenó en una sucesión de presidentes durante la última década. Esta situación evidencia las dificultades que ha experimentado el sistema político peruano para mantener un equilibrio entre la fiscalización parlamentaria y la estabilidad gubernamental.

En ese sentido, esa tendencia de fiscalizar y distribuir el poder podría estar contradiciendo el efecto práctico de esta nueva delegación de facultades, debido a que el Senado está demostrando tener una gran potestad para determinar decisiones vinculantes e históricas, con quizás consecuencias no pretendidas. Precisamente, mediante la aprobación de esta delegación se evidencia cómo una decisión parlamentaria puede trasladar temporalmente al Poder Ejecutivo la facultad de regular materias que normalmente estarían sometidas al procedimiento legislativo ordinario.

Sobre la delegación de facultades, este no es un procedimiento nuevo. Se ha ido dando en diversos momentos, sobre todo en aquellos de compleja naturaleza, con el objetivo de dar celeridad y efectividad a las medidas urgentes que se pretende adoptar. Inclusive, en el derecho comparado existe bastante base legal sobre esta práctica en diferentes países de la región. En el caso peruano, este mecanismo encuentra su fundamento en el artículo 104 de la Constitución Política, que dispone expresamente esta facultad.

Ahora bien, la interrogante que mucha gente se plantea es si este sistema es legal, y la respuesta es que sí. Existe una disposición constitucional que permite esta delegación de facultades, pero, como todo mandato, no es absoluto ni discrecional. Tiene ciertos límites que deben respetarse, principalmente respecto de las materias específicamente autorizadas, el plazo establecido y la observancia de los derechos fundamentales. Por lo tanto, la constitucionalidad de la delegación no depende únicamente de que haya sido aprobada por el Congreso, sino también de que su contenido y posterior ejercicio respeten los límites establecidos en la Constitución.

Ese es el principal problema, a nuestra lógica, de este nuevo funcionamiento. Se supone que la delegación de facultades se presenta por la importancia de actuar inmediatamente frente a la crisis de seguridad que atraviesa el país y, sobre todo, por la necesidad de prevenir las consecuencias del fenómeno de El Niño previsto para el periodo 2026-2027. Sin embargo, se ha dado una delegación de facultades con una gran cantidad de materias que parece ya no ser proporcional ni racional, lo que inclusive podría desencadenar en la colisión de diferentes derechos y el riesgo de afectar el orden democrático.

En efecto, la Ley N.º 32743 contempla 27 puntos de delegación, distribuidos en dos materias generales: seguridad ciudadana y prevención, atención, respuesta y reactivación ante el fenómeno de El Niño. Sin embargo, dentro de estas materias se incluyen modificaciones a la legislación penal y procesal penal, a la Ley N.º 30077, Ley contra el Crimen Organizado, a la Ley N.º 30424, sobre responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en el proceso penal, y al régimen jurídico de intervención de las Fuerzas Armadas. Asimismo, se incorporan disposiciones relacionadas con infraestructura, inversión pública, saneamiento de predios y vivienda de interés social.

El hecho de que se presenten materias como minería o construcción no constituye, por sí solo, un argumento suficiente para otorgar estas facultades. En particular, el numeral 2.1.8 de la ley autoriza modificaciones a la legislación penal vinculada con la minería ilegal y sus mercados ilícitos conexos, mientras que los numerales 2.2.6 al 2.2.11 comprenden diversas medidas relacionadas con infraestructura, inversión y ejecución de obras. Si bien estas materias pueden guardar relación con la seguridad ciudadana o con la atención de desastres, corresponde analizar si todas ellas justifican realmente una delegación extraordinaria o si algunas podrían haber sido examinadas mediante el procedimiento legislativo ordinario.

Esto podría desencadenar en una eventual inconstitucionalidad, cuya observación podría realizarse mediante un proceso de inconstitucionalidad o una acción popular, dependiendo de la naturaleza de la disposición cuestionada. Conforme al artículo 200, inciso 4, de la Constitución, la acción de inconstitucionalidad procede contra normas con rango de ley, incluidos los decretos legislativos, mientras que la acción popular, reconocida en el inciso 5 del mismo artículo, procede contra reglamentos y otras normas administrativas de carácter general que infrinjan la Constitución o la ley. Sin embargo, estos mecanismos requieren un pronunciamiento jurisdiccional, por lo que su duración podría limitar la posibilidad de ofrecer una respuesta preventiva e inmediata frente a eventuales excesos normativos.

La idea es buscar un mecanismo que observe esta situación y permita prevenir riesgos que desencadenen en consecuencias no pretendidas. Una alternativa que podría resultar más inmediata es fortalecer el control parlamentario posterior de los decretos legislativos, facultad que corresponde al Senado conforme al artículo 104 de la Constitución. En ese sentido, la Comisión de Control Político sobre Actos Normativos del Poder Ejecutivo y Regímenes de Excepción, instalada el 13 de agosto de 2026, podría desempeñar un papel fundamental en la revisión de los decretos legislativos emitidos, verificando que estos no excedan las materias delegadas ni contravengan derechos o principios constitucionales.

Asimismo, la propia Ley N.º 32743 establece, en su cuarta disposición complementaria final, la obligación de que los titulares de cada sector informen por escrito a la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado sobre los avances en la implementación de las medidas legislativas, dentro de los 60 días calendario siguientes a la publicación de los decretos correspondientes. Este mecanismo podría complementarse con una fiscalización pública y periódica, mediante informes técnicos que permitan evaluar la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de cada medida, así como su correspondencia con las materias autorizadas. De esta manera, sería posible advertir oportunamente posibles excesos y promover su modificación o derogación a través de los procedimientos parlamentarios correspondientes, sin tener que depender exclusivamente de una futura sentencia constitucional.

Se recuerda que, desde un punto de vista político, nos encontramos ante un panorama distinto al de años pasados, debido a que contamos con un Poder Ejecutivo y una conducción del Senado pertenecientes a un mismo partido político. En efecto, la presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, quien asumió el cargo el 28 de julio de 2026, y el presidente del Senado, Miguel Ángel Torres Morales, elegido el 26 de julio de 2026, pertenecen a Fuerza Popular y mantienen una misma línea política. Si bien es cierto, este panorama puede ser positivo desde la perspectiva de una mayor estabilidad y orden político después de tantos años de conflicto entre estos dos poderes, también podría representar un riesgo si no se cuenta con mecanismos de control que tutelen los principios fundamentales democráticos y jurídicos constitucionales.

En consecuencia, el problema no radicaría necesariamente en la existencia de una delegación de facultades ni en la coincidencia política entre los poderes del Estado, sino en el riesgo de que estas circunstancias reduzcan la intensidad de la fiscalización que corresponde ejercer al propio Parlamento. Por ello, resulta fundamental que los mecanismos de control previstos en la Constitución y en el ordenamiento parlamentario mantengan su independencia y efectividad, especialmente cuando se trata de decisiones capaces de producir consecuencias jurídicas y políticas que podrían no haber sido pretendidas al momento de aprobar la delegación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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